Se informó que el trabajo de la Procuraduría del Ciudadano consistió en la orientación jurídica hacia aquellos que se acercaron a la institución; ahora con las bases jurídicas sólidas instrumentadas por la dependencia, corresponde a la Procuraduría General de Justicia, con el cúmulo de denuncias en su poder, proceder contra él o los responsables del daño patrimonial; así como a la Secretaría de Finanzas continuar con las pláticas y concretar acuerdos con los representantes de la Federación encargados de operar el Fideicomiso Pago.

El número de afectados por Coofia que solicitan la orientación jurídica de la Procuraduría del Ciudadano ha disminuido considerablemente en todo el estado, por lo que se puede indicar que la etapa de orientación y asesoría por parte de la dependencia ha concluido. Ahora corresponde a las instancias competentes avanzar en su labor y dar respuesta a los reclamos de las víctimas de la financiera.

La reunión con los afectados popolocas se realizó en la planta baja del palacio municipal de Santa Inés Ahuatempan, como respuesta a una solicitud que hizo el presidente municipal del lugar, quien preocupado por la incertidumbre de sus paisanos que creyeron en Coofia pidió a la Procuraduría del Ciudadano su orientación jurídica.

Santa Inés Ahuatempan, es un municipio perteneciente al distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, en el corazón de la mixteca.

Cifras preliminares arrojan que la Procuraduría del Ciudadano, desde el 23 de septiembre de este año que recibió el mandato por parte del Gobernador del Estado, Mario Marín Torres, de apoyar a las personas afectadas por Coofia, ha integrado 4 mil 645 expedientes, cuyo monto de inversiones significa 477 millones 241 mil pesos; siendo los municipios de Zacapoaxtla, Atlixco y Puebla los más afectados en este caso.